La educación es un derecho humano que no puede depender del poder adquisitivo de la gente
 
El gobierno nacional oficializó la muerte del Plan Conectar Igualdad, mediante el Decreto 386/2018, que creó el plan Aprender Conectados. A esta altura, pasados dos años de gobierno, podemos distinguir el modus operandi, camuflado por el palabrerío: se realiza un estudio que muestra que un programa es perfectible y se lo elimina creando otro que en la práctica no avanza en lo que se quería mejorar y simplemente significa un ajuste del gasto del Estado.
Conectar Igualdad fue creado por el Decreto N° 459/10. El programa tenía como fin “proporcionar una computadora a alumnas, alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de Institutos de Formación Docente, capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta y elaborar propuestas educativas con el objeto de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje”.
Mediante el Decreto 76/2011 se dispuso la cesión definitiva de las computadoras a aquellos alumnos que terminaran el nivel de educación secundaria. Adrián Paenza ha dicho varias veces: “¿Hay alguien que pueda estar en contra? La educación es un derecho humano que no puede depender del poder adquisitivo de la gente. No hay alternativa, esto no es negociable”. La última vez que habló sobre el tema fue hace unos días en Brotes Verdes con Alejandro Bercovich. Vale la pena escucharlo.
Conectar Igualdad estuvo a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Hasta mediados del año 2015 se habían entregado más de cinco millones de computadoras, y se construyeron más de 1400 aulas digitales en todo el país, recibiendo premios de organismos internacionales.
El programa se financió a partir de ingresos generados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. En sus cinco años de implementación durante el gobierno anterior, generó distintas instancias de capacitación docente y de elaboración de contenidos, que llegó hasta la creación de una versión propia del sistema Linux, denominado Huayra, de distribución libre.
Una de las características técnicas que se implementó fue la habilitación y deshabilitación de cada una de las computadoras en función de la asistencia a clases, tarea asignada a los responsables de cada colegio. Este recurso permitió limitar tanto el robo como el mercado negro de estas máquinas.
Fui testigo del éxito de los cursos de “Entrenamiento de docentes para el uso efectivo y desarrollo de recursos informáticos en el aula”, dictados por mis colegas Silvina Ponce Dawson y Cristina Caputo, como lo refleja esta crónica del año 2012. Y este es solamente uno de los cientos de ejemplos que se pueden mostrar en todo el país. En un principio las computadoras tenían una mayoría de componentes importados, pero se utilizó la iniciativa para incentivar la mayor integración nacional.
Al asumir el nuevo gobierno se suspendió la compra y entrega de computadoras. Se argumentó que su costo era superior al de las importadas. El mismo criterio se usó con el ARSAT 3. El hoy fallecido José Antonio Sanchez Elía, asesor del PRO en el área de comunicaciones y ex-socio de Federico Pinedo, afirmó en 2016 que le resultaba “injusto que nuestra gente tenga que pagar más por sus telecomunicaciones bajo la excusa de proteger nuestra industria satelital”.
La Resolución 2376/2016 del Ministerio de Educación y Deportes creó el Proyecto “Escuelas del Futuro”. En esa norma se fijan las características de los equipos informáticos que se adquirirán a partir de ese momento, cambiando la prioridad sobre integración nacional de las computadoras.
Siguiendo en educación los mismos criterios aplicados en el sector de salud, el nuevo gobierno desarmó todos los planes que se ejecutaban desde el gobierno nacional, y que ayudaban a achicar la brecha entre los distritos con mayores y menores recursos. El argumento formal era el respeto al sistema federal consagrado en la Constitución Argentina.
La Resolución 1536/2017 del Ministerio de Educación y Deportes eliminó el Plan de Inclusión Digital Educativa y creó en su reemplazo el Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED). Siguiendo el manual de Durán Barba, la experiencia indica que se incorpora la palabra “futuro” y se eliminan las menciones a “inclusión” e “igualdad”.
El Decreto 386/2018 que formaliza la muerte del programa Conectar Igualdad menciona en sus considerandos que según la Evaluación Nacional de Aprendizajes “Aprender”, “el 94% de los docentes cuenta con al menos una computadora en sus hogares, 4 de cada 10 fueron destinatarios de netbooks o notebooks provistas por el Estado y que el 98% de los mismos utiliza teléfono celular” y que “respecto del alumnado que asiste a establecimientos oficiales, la evaluación arrojó que el 76 de los chicos que asisten a escuelas primarias cuenta con celulares y ese número se eleva 95,7% respecto de los que finalizan la escuela secundaria, de los cuales, el 87,7 % cuenta con al menos una computadora en sus casas”.
El relevamiento no indica si los teléfonos son inteligentes o si tienen la suficiente capacidad como para ser usados en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Tampoco hay un relevamiento sobre el acceso que ls alumns tienen a los recursos informáticos familiares, por ejemplo para poder evaluar si este no tiene limitación y/o discriminación por sexo, edad, etc.
Además el decreto considera que es prioritario el aprendizaje de la programación y la robótica y que para ello se va a requerir un “equipamiento tecnológico mucho más poderoso” que el provisto por Conectar Igualdad. Este argumento no tiene sustento técnico o pedagógico. Es una obviedad que cuanto mejor sea el equipo con que se cuenta se podrán encarar proyectos de mayor envergadura. Pero es falso que los equipos actuales, que llegan a tener 4GB de memoria por dar un ejemplo, no permiten o son inadecuados para la enseñanza de programación, robótica o el uso como instrumentos para realizar experimentos de física, química, biología, etc.
Hay un factor adicional que se omite en el análisis, pero es bastante evidente. El hecho de contar con equipamiento y software similar en todo el sistema educativo facilita tanto la capacitación docente como el mantenimiento. Pero además la práctica docente en el aula se simplifica si todos los alumnos y el docente cuentan con los mismos recursos informáticos.
En base entonces a argumentos parcialmente ciertos, o parcialmente falaces según la óptica del observador, se decidió que los alumnos de las escuelas públicas de nivel secundario perderán el derecho a recibir una computadora y también a conservarla en caso de egresar de ese nivel. Lo que se promete es que se asistirá a aquellas provincias que requieran apoyo para implementar el nuevo programa.
En el mejor de los casos las computadoras ya no serán de los alumnos, sino de los establecimientos educativos. A pesar de que lo quieran maquillar de mejora, el único resultado concreto de este cambio en una disminución de la inversión del Estado Nacional en la educación y la pérdida de un derecho. Algo similar ocurrió hace dos meses con PROG.R.ES.AR.
En estos días también se ha dado de baja el Portal www.conectate.gob.ar que había sido lanzado en 2012 para poner a disposición de alumnos y docentes los contenidos de los canales Encuentro, Pakapaka, DeporTV y el material educativo de los sitios Educ.ar y Conectar Igualdad. En este caso no hay un ahorro significativo, dado que solamente se necesitaba mantener operativo un servidor web. La única explicación es el intento de eliminar el acceso a material que promovía el debate, la reflexión y el pensamiento crítico.
Cambiamos, habrá más excluidos y desiguales.
 
(Esta nota se publicó en El Cohete a la Luna)