Publicado en Ciencia Argentina en la Vidriera
“30 años de democracia:repaso y desafíos” – Editorial: Enero 2014
ALIAGA, Jorge – Invitado del mes: Enero 2014

El país celebró en diciembre tres décadas de gobierno democrático. Soy de una generación que ingresó a la universidad durante la última dictadura y esa experiencia me ha convencido que esta democracia, aún con deudas, es el único sistema posible. Por eso es necesario darle trascendencia a este aniversario, y analizar la evolución del país y de la ciencia argentina en este período.

El contexto histórico
Desde los comienzos de nuestra historia, y de manera análoga a lo ocurrido en muchos países – como, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica– el apoyo del estado a la ciencia ha estado íntimamente relacionado con el modelo de desarrollo adoptado. No es casual que Manuel Belgrano, que fomentara la industrialización y el desarrollo del mercado interno, haya impulsado la creación de las escuelas de dibujo y de náutica. Con el establecimiento de un modelo agroexportador, primero de cueros y carnes de ganado y luego de cultivos, el desarrollo de la ciencia quedó limitado a las “academias”, lugares donde se realizaban investigaciones para satisfacer la curiosidad o el placer personal, como quien desarrolla una actividad artística o cultural.
No es casual que las décadas del Siglo XX en las que la coyuntura bélica internacional impulsara el modelo de industrialización por sustitución de importaciones –y el consiguiente desarrollo de la industria petroquímica, siderúrgica, automotriz, etc– viniera de la mano de la creación de instituciones que apoyaran tanto la ciencia básica como su aplicación específica. Fueron las décadas de fundación de YPF, Fabricaciones Militares, Fábrica Militar de Aviones, INTA, INTI, CNIE (luego CONAE), CNEA, CONICET. En ese mismo momento cambió el histórico perfil de las Universidades Nacionales, hasta entonces solamente formadoras de profesionales, y se crearon los primeros cargos para docentes con dedicación exclusiva, generadores de nuevo conocimiento.
El paulatino abandono de este modelo con la dictadura de Onganía y la Noche de los Bastones Largos, luego consolidado con el golpe cívico-militar de 1976 y la adopción de políticas neoliberales que generaron desindustrialización, mayor desigualdad, mayor desocupación, y llegó hasta el cierre de las escuelas técnicas en la década de 1990, cristalizó el abandono de la visión de la ciencia como una actividad estratégica para el desarrollo del país. A la par del cierre de fábricas, disminuía la necesidad de ingenieros, muchos de los cuales tenían como ocupación posible la atención de un kiosco o la conducción de un taxi. El CNEA se quedaba sin personal y el CONICET cerraba el ingreso a la carrera de investigador, con el consiguiente envejecimiento de su planta.
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires desde 1983
Exactas había sido entre 1957 y 1966 el prototipo de un nuevo modelo de universidad. Sin la estructura tradicional de cátedras, departamentalizada, con docentes-investigadores con dedicación exclusiva, con sus cargos concursados periódicamente, generando investigación de nivel internacional y al mismo tiempo impulsando su aplicación a la solución de problemáticas concretas, por ejemplo a través del Instituto de Cálculo.
Nuestra Facultad necesitó los últimos treinta años de democracia para recuperar lo que se destruyó en 1966 a fuerza de bastones y en 1974-1976 mediante las amenazas y el terrorismo de Estado.  Luego del período 1957-1966 conocido como la “Década de oro”, liderado por figuras como Rolando García, Manuel Sadosky, Juan José Giambiagi, Félix Gonzalez Bonorino, Rodolfo Bush, Luis Santaló, Amilcar Herrera, Horacio Camacho, Juan Roederer, Gregorio Klimovsky y Oscar Varsavsky entre otros, la decadencia de la Facultad fue notable.
Hoy Exactas es el centro de investigación más grande del país. Ofrece 17 carreras de grado, títulos intermedios, carreras de especialización, maestrías y la escuela de doctorado más importante de Argentina, con aproximadamente 250 egresados anuales. La investigación ha alcanzado nivel internacional, concentrando más del 10% de la producción nacional de artículos en revistas indexadas, a la vez que se incrementa el aporte a la solución de problemas aplicados tanto tecnológicos como sociales, en la medida que el impulso del estado consolida nuevamente un desarrollo basado en la ciencia y la tecnología.
Esta reconstrucción, que fue enormemente trabajosa en los primeros 20 años de democracia, recibió un enorme impulso esta última década. Acompañando las políticas impulsadas por el gobierno nacional, Exactas consolidó tanto una incubadora de empresas de base tecnológica como decenas de proyectos de extensión que aportan a las más diversas demandas sociales. Colaboró con el país en la evaluación de la contaminación del rio Uruguay en Gualeguaychú y también firmó un convenio de colaboración con Y-TEC, la empresa de tecnología creada entre YPF y el CONICET, sólo para mencionar dos casos paradigmáticos.
Con 350 Profesores Regulares, 700 Investigadores del CONICET, 400 grupos de investigación, 12 Departamentos, 1 Instituto UBA, 1 Instituto FCEN y 16 Institutos UBA-CONICET, la Facultad es un ámbito donde vibra y se respira ciencia todos los días del año. Sin docentes interinos ni ad-honorem, sin cátedras, con concursos abiertos y periódicos tanto para el personal docente como para el no-docente Exactas es la muestra viva de que los problemas de la UBA no pueden ser atribuidos al estatuto universitario de 1958, que todavía nos rige, aunque hoy la Facultad es diez veces más grande que en 1966.
Presente y desafío para el país
Una característica de la época parece ser la polarización que existe al analizar los resultados de las políticas públicas de los últimos años. En especial desde el año 2008 ha recrudecido –muchas veces de manera absurda– la necesidad de mostrar que el país está al borde del colapso. Creo que es oportuno hacer un repaso que nos permita tomar perspectiva, elaborar una agenda de temas pendientes y de cosas a mejorar, pero dentro de un contexto general más objetivo.
Como en toda actividad lo primero que uno debe definir es cuáles van a ser sus indicadores de éxito, o de fracaso, para luego poder evaluar las acciones o políticas implementadas. Creo que una política exitosa es aquella que posibilita a la mayor cantidad de población posible –idealmente a todos- condiciones de vida digna, especialmente para los más vulnerables. Creo que eso se logra con altas tasas de empleo bien remunerado. El modelo agroexpotador no alcanza, como se ha visto en nuestra historia, para generar estas condiciones, si bien las ventajas competitivas que tiene el sector pueden generar la renta diferencial que haga competitivos, mediante políticas públicas, a otros sectores. Es claro que tampoco alcanza con altos niveles de ciencia y tecnología, y sin desarrollo de la industria local. En la actualidad, Estados Unidos está revirtiendo su política de generar tecnología local y fabricar en el lejano oriente, porque eso no garantiza la cantidad de trabajo y mercado interno que necesitan para mantener su nivel de vida.
Es así que la Argentina debe aprovechar la ventaja histórica a nivel regional que le ha dado el tener un razonable nivel de educación general, y buscar los mecanismos que permitan sortear los históricos estrangulamientos de divisas que han generado las políticas de sustitución de importaciones en el pasado. Es decir, lo primero que debería quedar en claro es que tal como hizo Estados Unidos luego de finalizada la guerra civil, y Brasil en los últimos 50 años, debemos encontrar los mecanismos para desarrollar nuestra industria y lograr nichos industriales en los que podamos competir a nivel internacional. Solo a modo de ejemplo, la Argentina es uno de los referentes mundiales en producción de radioisótopos para tratamientos oncológicos, generando divisas por exportaciones de estos productos de alto valor agregado.
Para poder impulsar este modelo se requiere de una población altamente educada. Es un clásico argentino lamentar los malos rendimientos de nuestros alumnos de nivel inicial y medio en las evaluaciones internacionales. Si bien es cierto que se ha producido un deterioro del sistema educativo producto de décadas de políticas de desaliento al sector docente, tanto por el nivel de salarios como por el reconocimiento social de la actividad, no es menos cierto que la educación secundaria se ha masificado, lo cual puede generar en la transición un descenso del nivel medio.
Según el informe “La obligatoriedad de la educación secundaria en Argentina: Deudas pendientes y nuevos desafíos” elaborado por el Ministerio de Educación, la tasa de asistencia a la escuela media de jóvenes de 13 a 17 años pasó del 45,9% en 1960 al 85% en 2001. Si bien en los últimos años no ha aumentado esa cifra, a pesar del cambio de legislación, que impuso la obligatoriedad del nivel medio, ha aumentado la cantidad de personas que cursan el nivel medio, debido al aumento de la escolarización de adultos mediante diversos programas específicos.
Sobre esta base, el desafío es mejorar la calidad del sistema, aún en el complejo contexto de federalización posterior a la reforma constitucional de 1994. Una apuesta en este sentido lo constituye el Plan de Formación Docente en servicio, acordado en el marco del Consejo Federal de Educación. Las jurisdicciones deben generar políticas que permitan a los docentes de ciencias dedicar de manera rentada una cantidad razonable de horas a la capacitación, actualización y ejercitación en laboratorios, con el mismo sentido que lo hacen los docentes con dedicación exclusiva en las universidades.
La necesidad de generar un mayor número de graduados en carreras universitarias de ingeniería y ciencias exactas y naturales demanda una mejora de la enseñanza de matemática y ciencias en la escuela primaria y secundaria. Esta problemática no es exclusiva de Argentina, y se replica tanto en la Comunidad Europea como en Estados Unidos. Para esto puede usarse la oportunidad que brinda el hecho de haber entregado 4 millones de netbooks en las escuelas medias públicas. Esta herramienta igualadora debe llenarse de contenido, y para tener éxito en esta inmensa tarea deben colaborar tanto los organismos federales –INFD, Conectar Igualdad, Universidades Nacionales- como los institutos terciarios y las jurisdicciones. Esto debe derivar en una política progresiva de mayor exigencia a los propios docentes, que debe estar acompañada por los gremios.
En relación con el nivel universitario se presenta una nueva realidad. La Argentina pasó de un sistema donde la universidad estaba destinada a la formación de la élite gobernante, concentrada hasta 1940 en solamente seis Universidades -Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Litoral y Cuyo- a uno donde se pretende un ingreso masivo, preservando la calidad educativa, con una cobertura territorial nacional basado en casi 50 universidades. En el marco de la autonomía universitaria, establecida con carácter constitucional en la reforma de 1994, se deberá avanzar en mecanismos de rendición de cuentas y orientación de políticas y prioridades en función de las necesidades del Estado, que es quien financia el sistema.
Por otra parte, es necesario que los estudiantes participen más activamente del gobierno universitario, aunque sea al menos dedicando tiempo para estar informados de lo que deben obligatoriamente opinar, dando sentido al sistema de cogobierno producto de la Reforma Universitaria. Es necesario replantear qué compromisos y responsabilidades para con la institución asume el estudiante medio, que suele, quizá como consecuencia de la lógica neoliberal en la que muchos crecieron, pensar más en sus derechos, como si fuera un “cliente”, que en las obligaciones que le demandan el acceso irrestricto y la gratuidad de sus estudios pagados por la sociedad. De otra forma, los debates se alejan de los intereses de las mayorías y pasan a estar limitados a disputas por intereses coyunturales o particulares de partidos políticos con escaso apoyo popular, que incluso suelen recurrir a prácticas violentas que deberían ser absolutamente excepcionales dentro de un sistema democrático. Porque la verdadera democratización, entendida como el proceso que genera una universidad al servicio de los intereses populares, no puede confundirse con una limitada y mezquina disputa por espacios de poder o reducirse a cambios relativos en la representación en los órganos de co-gobierno.
Con estas particularidades de nuestro sistema educativo, el desarrollo de una política científica está, desde el año 2008, en cabeza de un ministerio específico, el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCYT). El sistema científico argentino está fuertemente enraizado en el sistema universitario, que depende ahora de otro ministerio, el de Educación. Pero paradójicamente el imaginario social considera que la ciencia se realiza en el CONICET, y no asocia esta actividad con las universidades, producto de la larga tradición argentina de universidades profesionalistas. Esto genera una gran cantidad de desafíos de articulación de difícil resolución.
Si los investigadores se recluyen en los institutos del CONICET y se alejan de la gestión universitaria, por cierto mucho más convulsionada y conflictiva, a la larga todo el sistema se resentirá, y el futuro de la ciencia del país estará comprometido.
Podemos hoy tomar ejemplos como el de INVAP, una empresa pública que de manera eficiente ha desarrollado tecnología nuclear, satélites y radares, incorporando ingenieros y egresados de carreras de exactas y naturales. Las políticas llevadas adelante por el MinCyT para impulsar el desarrollo de empresas de base tecnológica deberían comenzar paulatinamente a dar sus frutos y mostrar que ese es el camino a seguir para lograr el desarrollo con inclusión social que debería consolidarse como política de estado, más allá de las alternancias partidarias.
Por tanto creo que este es el momento oportuno para redoblar nuestro firme compromiso con el sistema democrático de gobierno. Dentro de él, y buscando resolver de manera pacífica las diferencias, definir políticas de estado que, lejos de volvernos a modelos que dejan amplios sectores de la población excluidos del acceso a la educación, la salud, y el trabajo, y promueven la marginalidad y el delito, redoblen los desafíos y nos acerquen cada día más a ese país posible que la enorme mayoría anhelamos.
Dr. Jorge Aliaga